Leyes hechas en la ciudad solo para las ciudades

*fragmento del capítulo 15 del libro La España despoblada. Crónicas de emigración, abandono y esperanza, por Manuel Campo Vidal

Paulino Herrero que fue alcalde de Navaleno, un pueblo de Soria, al que es posible encontrar en cualquier acto relacionado con el medio rural en esa provincia y, además, se hace notar porque toma siempre la palabra, es rotundo al afirmar: “Los políticos hablan de despoblación, pero hacen política solo para las ciudades”. No le falta razón.

El mundo rural padece normas redactadas en la ciudad y pensadas solo para las ciudades. Se vio en la crisis del coronavirus cuando el Decreto Ley por el que establecía el Estado de Alarma prohibía en su artículo 14 cualquier actividad de cultivo agrícola que no tuviera como finalidad el aportar productos a la cadena de comercialización. Es decir, que nada de agricultura para autoconsumo. El redactor de la norma restrictiva no pensó en lo que supondría eso para los habitantes de la España rural que, de pronto, no podían ir a su huerto en el que basaban parte de su alimentación. Cualquiera puede entender, sin ser científico, que viajar en tren, en metro o autobús tiene más riesgos de contagio que acudir individualmente a un huerto con una cesta y una azada. Menos mal que la Guardia Civil, por lo general, mostró más sensibilidad que el funcionario redactor y toleró esos desplazamientos al huerto propio, aunque de uno en uno. Semanas después se rectificó la norma.

Pero crisis aparte, hay un ejemplo que clama al cielo en los valles cercanos a los Picos de Europa, en Cantabria. Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, cuenta que una vecina de Camaleño, enfermera y madre de tres hijos, tenía que desplazarse diariamente 160 kilómetros hasta el hospital de Laredo cuando en su comarca de la Liébana hay disponible una plaza de enfermera en el consultorio. Esa plaza se cubre con un profesional distinto cada seis meses porque no aparece nadie que quiera trasladarse con su familia a vivir en la montaña. Y a la que pueden, cumplen su compromiso con el destino inicial y dejan la plaza vacante.

Hasta  aquí, desafortunadamente,  un  caso  bastante normal,  podría  decirse.  Los  profesionales  que  atienden  el medio rural suelen agruparse en coches, que se turnan, para acudir a las escuelas o institutos abaratando costes de desplazamiento. Van juntos en coche, o en tren. Y si no, adivinen por qué los trenes de Zaragoza a Huesca (80 kilómetros) salen cargados de funcionarios por la mañana y regresa el mismo pasaje después de las tres de la tarde a la capital de Aragón, en tren o en autobús. Los puestos de trabajo están en Huesca pero esos funcionarios, como sucede en muchas capitales de provincia, residen lejos y su impacto económico se resume en los cafés de media mañana. Escasa facturación; nada comparable con lo que sucedería si una buena parte de ese funcionariado viviera con sus familias en la ciudad en la que ganaron su plaza en la Administración. ¿Otro ejemplo? De los doscientos funcionarios que atienden la prisión de Da- roca, en la provincia de Zaragoza, solo 20 tienen residencia en esa ciudad. Imagínense cómo sería el impacto económico si una norma obligara a residir en la ciudad de destino de las plazas administrativas.

Pero lo de la plaza de enfermería en la comarca de la Liébana -sigamos con el ejemplo- es aun peor porque nadie quiere ir allí, pero resulta que en el pueblo de al lado reside una enfermera en ejercicio que cada día, como hemos indicado, durante una hora y cuarenta y cinco minutos conducía hasta Laredo donde tenía su plaza para regresar de nuevo por la misma carretera a su pueblo. Calculen el desperdicio de horas al año, horas que podía estar con sus hijos, el gasto en combustible y amortización del vehículo, además de la innecesaria huella de carbono producida. A cualquiera se le ocurre una simple solución: que esa enfermera pida el traslado a su pueblo y ocupe la plaza vacía que ya aparecerán con seguridad otras para trabajar en el hospital de Laredo. Pues resulta que no puede ser porque la Comunidad de Cantabria no lo admite. Para solicitar ese traslado, la enfermera debe pasar por las horcas caudinas de dos años de excedencia obligatoria. ¿Quién redactó esa disposición tan absurda? Desconocemos su identidad pero sí sabemos su perfil: alguien que al escribir el texto pensaba solo en las ciudades y no en los pueblos; o en este caso, en la combinación de pueblo y ciudad.

Podríamos añadir la estampa de esos microbuses que salen casi vacíos de los pueblos con algunos niños camino de la escuela comarcal y detrás, algunos días, sus madres o sus abuelas en otro vehículo. La norma es que no suban adultos a un autobús con niños por seguridad. Bien está esa norma en las ciudades, pero en los pueblos, no tiene sentido, aunque poco a poco se va eliminando. Añadan a la lista el mínimo de vecinos que deben existir para que se autorice una farmacia, lo que impide que algunas se establezcan en el medio rural.

Inolvidable también el impacto en el medio rural de le- yes educativas que no tuvieron en cuenta su realidad. Cuando se aprobó la LOGSE en octubre de 1990 y la Educación Primaria pasó de terminar en octavo curso a sexto, suponía que los niños de doce años debían acudir a otro centro de Secundaria o al Instituto. Esos niños a esa edad tenían que dejar el pueblo para ir en coche o autobús a otra localidad. La solución en muchos casos fue, durante años, hacer la vista gorda y permitir que en muchos pueblos se quedaran en centros de Primaria dos años más, con maestros de esa etapa y con diferencias de recursos y de organización respecto a los que pudieron acceder a centros de Secundaria.

Ese recorte de alumnos como consecuencia del cambio en la LOGSE, además, dejó a numerosas escuelas rurales al borde del cierre por no llegar al mínimo exigido de estudiantes. Hay que ponerse en la piel de los habitantes de la España rural para entender el impacto emocional que supone en un pueblo el cierre de la escuela. Es una forma de anunciar la muerte futura de la vida en la localidad.

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